Internacionales
desafíos del nuevo gobierno tras las elecciones de 2024
Uruguay cerró un año electoral marcado por la participación de casi la mitad de la población mundial en procesos democráticos. Con la victoria de Yamandu Orsi en las elecciones presidenciales, el país se prepara para afrontar una serie de desafíos en el ámbito internacional. El nuevo gobierno, que asumirá el 1 de marzo, enfrentará un panorama global marcado por la reelección de Donald Trump en Estados Unidos, tensiones geopolíticas y desafíos en la región.
La toma de posesión de Trump, prevista para el 20 de enero, tendrá lugar antes de que Orsi preste juramento como presidente. Este segundo mandato del líder republicano promete mantener una línea similar a su anterior administración, con énfasis en los controles migratorios, las tensiones con China y su postura crítica hacia los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Un cambio significativo, sin embargo, será el nombramiento de Marco Rubio como Secretario de Estado, un político con fuertes vínculos con América Latina y una visión estratégica para la región.
Durante su etapa como senador, Rubio estuvo interesado en fortalecer las relaciones bilaterales con Uruguay. En 2022 enfatizó la importancia de equilibrar las relaciones comerciales con China y promover mayores intercambios con Europa y Estados Unidos. Su nombramiento podría abrir nuevas oportunidades de cooperación en áreas como seguridad, comercio y tecnología espacial, aunque también plantea desafíos para Uruguay, que mantiene una relación pragmática con China como su principal socio comercial.
Para los exportadores uruguayos las decisiones de la nueva administración estadounidense serán claves. Según Carmen Porteiro, presidenta de la Unión de Exportadores, las políticas comerciales y monetarias de Trump podrían afectar el gasto estructural y el acceso a los mercados internacionales. La apreciación del dólar y la evolución de las tasas de interés son factores que pueden afectar tanto el comercio exterior como las finanzas públicas del país.
En este contexto, Ignacio Bartesaggi, experto en relaciones internacionales, cree que las prioridades de Trump en América Latina se limitarán a temas específicos como México y Cuba. En cuanto a Uruguay, cree que la relación podría beneficiarse de un enfoque pragmático, aunque no espera grandes cambios en la dinámica regional. También señala el interés de Trump y Rubio en figuras como Javier Millay, presidente de Argentina, que podrían afectar el equilibrio político del Mercosur.
Precisamente el Mercosur será uno de los grandes desafíos para el nuevo gobierno uruguayo. Las relaciones con Brasil y Argentina, sus principales socios, estarán marcadas por la tensión entre Luiz Inácio Lula da Silva y Millay, dos líderes con visiones opuestas y una relación distante. A esto se suma la resistencia de países europeos, como Francia, a la ratificación del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea por preocupaciones medioambientales y comerciales. Emmanuel Macron, el presidente francés, dejó clara su posición y dijo que no apoyaría el tratado en su forma actual, añadiendo presión a las conversaciones regionales del bloque.
A nivel interno del Mercosur, Uruguay necesita determinar su posición respecto de las reformas económicas de Argentina y los efectos que podrían tener en la región. Con las elecciones legislativas de Argentina programadas para 2025, las políticas de Millay estarán determinadas por el apoyo que logre retener en el Congreso, generando incertidumbre sobre la estabilidad económica y política en el país vecino.
A nivel global, el escenario no es menos complicado. El nuevo gobierno uruguayo asumirá el cargo en el contexto de conflictos prolongados, como la guerra en Ucrania, que comenzó en 2023, y la crisis en Gaza, que estalló tras un ataque de Hamás en octubre de 2023. Ambos conflictos han polarizado a la comunidad internacional y crean desafíos para países pequeños como Uruguay, que se esfuerza por mantener una política exterior equilibrada basada en el respeto al derecho internacional.
En Nicaragua y Venezuela, la consolidación de regímenes autoritarios sigue siendo un problema para la región. Nicolás Maduro iniciará un nuevo mandato presidencial tras unas elecciones calificadas de farsa por gran parte de la comunidad internacional, mientras Daniel Ortega avanza en reformas constitucionales que concentran aún más poder en su figura y la de su esposa, Rosario Murillo. Estas situaciones refuerzan las divisiones en América Latina y complican los esfuerzos de integración regional.
En este entorno, Uruguay debe actuar con cautela para proteger sus intereses y mantener su reputación como país democrático y estable. El desafío para el gobierno de Yamandu Orsi será equilibrar las relaciones con actores clave como Estados Unidos, China y sus vecinos regionales mientras enfrenta presiones internas y externas derivadas de un panorama global en constante cambio.
La política exterior del país estará marcada por la necesidad de diversificar los mercados, fortalecer sus posiciones en el Mercosur y adaptarse a un mundo cada vez más multipolar. Con un liderazgo que promete continuidad en algunos aspectos y cambio en otros, el nuevo gobierno uruguayo tendrá la oportunidad de consolidar su papel como actor relevante en la región y más allá. Sin embargo, el éxito dependerá de tu capacidad para gestionar las complejidades de este escenario y aprovechar las oportunidades que surjan en el camino.
Internacionales
El enfoque de China para sostener su crecimiento económico
China ha revelado un «plan de acción especial» con grandes aspiraciones para impulsar el consumo interno y mitigar los impactos negativos de los recientes aranceles en el comercio. El enfoque de esta estrategia es consolidar la economía del país y asegurar una menor dependencia de las exportaciones, especialmente en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos.
El plan abarca acciones como elevar los ingresos de los ciudadanos, ofrecer subsidios para el cuidado de los niños y ampliar iniciativas como el programa «dinero por chatarra», el cual motiva a las personas a canjear artículos obsoletos, como vehículos y dispositivos electrónicos, por efectivo. Estas medidas forman parte de la estrategia del gobierno para reactivar una economía que ha exhibido indicios de desaceleración en diversos sectores cruciales.
El plan incluye medidas como el aumento de los ingresos de la población, la implementación de subsidios para el cuidado infantil y la expansión de programas como el de «dinero por chatarra», que incentiva a la ciudadanía a intercambiar bienes antiguos, como automóviles y aparatos electrónicos, por dinero. Estas acciones forman parte de los esfuerzos del gobierno por revitalizar una economía que ha mostrado signos de desaceleración en varios sectores clave.
Desafíos económicos y disputas comerciales
Obstáculos económicos y tensiones comerciales
Dentro de este escenario, los datos oficiales mostraron un crecimiento del 4% en las ventas al por menor durante enero y febrero, superando apenas el aumento del 3,7% observado en diciembre. A pesar de que este alza fue favorecida por las medidas de estímulo fiscal, los expertos señalan que la recuperación podría no sostenerse debido a los retos estructurales que la economía afronta.
Uno de los desafíos más persistentes es la deflación, que desincentiva el consumo al crear expectativas de una reducción constante en los precios. Durante febrero, el Índice de Precios al Consumidor descendió un 0,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando su nivel más bajo en más de un año.
Manufactura y medidas de estímulo
Pese a las dificultades, ciertos indicadores económicos revelan señales alentadoras. La producción industrial aumentó un 5,9% en los primeros dos meses del año, superando las previsiones iniciales. Este incremento denota la actividad en áreas como la manufactura y la minería, que han sido estimuladas por las medidas de apoyo adoptadas por el gobierno.
A pesar de los retos, algunos indicadores económicos muestran señales positivas. La producción industrial experimentó una expansión del 5,9% en los dos primeros meses del año, superando las expectativas iniciales. Este crecimiento refleja la actividad en sectores como la manufactura y la minería, que han recibido un impulso gracias a las medidas de estímulo implementadas por el gobierno.
Mirada hacia el futuro
Las autoridades chinas se enfrentan al desafío de balancear sus metas de crecimiento con las dificultades económicas internas y las presiones externas causadas por la guerra comercial. Aunque las medidas presentadas podrían tener un efecto positivo a corto plazo, los expertos enfatizan que resulta esencial tratar problemas estructurales como la deflación y la dependencia de las exportaciones para asegurar una recuperación a largo plazo.
El gobierno chino enfrenta el reto de equilibrar sus ambiciones de crecimiento con las dificultades económicas internas y las presiones externas derivadas de la guerra comercial. Si bien las medidas anunciadas tienen el potencial de generar un impacto positivo en el corto plazo, los analistas subrayan que será crucial abordar problemas estructurales como la deflación y la dependencia de las exportaciones para garantizar una recuperación sostenible.
Con este plan, China busca demostrar que puede adaptarse a un panorama económico global cambiante, fortaleciendo su economía interna y reduciendo su vulnerabilidad frente a factores externos. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del gobierno para superar los obstáculos que limitan el crecimiento.
Internacionales
Trump y Putin conversarán sobre la situación en Ucrania
El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, informó que este martes sostendrá una llamada telefónica con el líder ruso, Vladímir Putin, con la intención de trabajar para terminar el conflicto en Ucrania. Trump manifestó su esperanza en cuanto a lograr un cese al fuego, declarando: «Deseamos averiguar si podemos poner fin a esa guerra. Quizás podamos. Quizás no, pero considero que tenemos una excelente oportunidad».
El líder de Estados Unidos anunció que durante la charla se discutirán asuntos ligados a territorios y energía, en particular la planta nuclear de Zaporiyia, la planta más grande en Europa y en manos de Rusia en estos momentos. Trump comentó que ya se han tratado temas sobre la distribución de algunos activos entre Ucrania y Rusia, los cuales formarán parte del diálogo con Putin.
El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, también confirmó la comunicación entre los dos mandatarios, aunque prefirió no detallar los temas específicos a discutir, mencionando que «nunca nos adelantamos a los sucesos».
Este diálogo se desarrolla en el marco de una propuesta de cese al fuego por 30 días que Ucrania aprobó la semana anterior. Trump intentará conseguir el apoyo de Putin para esta pausa temporal, con la expectativa de que se convierta en el primer paso hacia una paz sostenible en la región.
Esta conversación se produce en el contexto de una propuesta de alto el fuego de 30 días que Ucrania aceptó la semana pasada. Trump buscará obtener el respaldo de Putin para esta tregua temporal, con la esperanza de que sea el primer paso hacia una paz duradera en la región.
El representante especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en una conversación con CBS News, subrayó la importancia de tratar temas como el manejo de la planta nuclear y el acceso a los puertos del mar Negro, insinuando que podría haber un acuerdo potencial en estos aspectos.
La comunidad internacional sigue con atención estos desarrollos. Los ministros de Exteriores del G-7 han alertado a Rusia sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones si no acepta la propuesta de alto el fuego. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, convocó recientemente una videoconferencia para discutir la situación en Ucrania, subrayando que «eventualmente, Putin deberá sentarse a negociar».
El conflicto en Ucrania, iniciado en febrero de 2022, ha provocado miles de víctimas fatales y desplazamientos masivos. La comunidad internacional ha intentado distintas formas de mediar en esta crisis, pero hasta ahora no se han conseguido finalizar las hostilidades. El diálogo entre Trump y Putin ofrece una renovada oportunidad para avanzar hacia una solución pacífica.
La guerra en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, ha causado miles de muertes y desplazamientos masivos. La comunidad internacional ha buscado diversas vías para mediar en el conflicto, pero hasta ahora los esfuerzos no han logrado poner fin a las hostilidades. La conversación entre Trump y Putin representa una nueva oportunidad para avanzar hacia una solución pacífica.
Sin embargo, persisten desafíos significativos. La cuestión de la integridad territorial de Ucrania es un punto de fricción, ya que Rusia ha manifestado su intención de mantener el control sobre las áreas que ha ocupado. Además, la seguridad de infraestructuras críticas, como la planta de Zaporiyia, sigue siendo una preocupación central.
La comunidad internacional espera que esta conversación entre los líderes de Estados Unidos y Rusia pueda allanar el camino hacia una tregua efectiva y, eventualmente, una paz duradera en Ucrania. Mientras tanto, las partes involucradas y sus aliados continúan trabajando en soluciones diplomáticas que garanticen la estabilidad y seguridad en la región.
Internacionales
Acciones del gobierno de Trump bajo escrutinio por deportaciones polémicas
Bajo la administración del exmandatario Donald Trump, se procedió a deportar a cientos de individuos basándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que se remonta a la Primera Guerra Mundial y ha sido rara vez aplicada en tiempos recientes. Estas medidas se llevaron a cabo incluso a pesar de una orden judicial que claramente prohibía tales deportaciones, provocando una intensa controversia y generando reacciones negativas en el ámbito nacional e internacional.
El gobierno del expresidente Donald Trump llevó a cabo la deportación de cientos de personas amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación que data de la Primera Guerra Mundial y que rara vez se ha utilizado en las últimas décadas. Estas acciones se realizaron a pesar de una orden judicial que prohibía explícitamente proceder con dichas deportaciones, generando una fuerte polémica y reacciones adversas tanto a nivel nacional como internacional.
Expulsiones en un contexto de tensiones políticas
Según diversos reportes, las personas expulsadas eran originarias de naciones que la administración Trump identificó como riesgos para la seguridad nacional. Aunque el gobierno no ha divulgado de manera pública las razones exactas para estas expulsiones, entidades defensoras de los derechos humanos han criticado que muchos de los individuos afectados eran inmigrantes legales o solicitantes de asilo que no representaban ninguna amenaza.
Aunque existía una orden judicial que detenía las expulsiones, la administración de Trump siguió adelante con los procedimientos, justificando que las decisiones del ejecutivo en cuestiones de seguridad nacional no podían ser restringidas por el ámbito judicial. Esta postura ha recibido críticas generalizadas por parte de abogados y activistas de derechos humanos, quienes afirman que el gobierno violó intencionadamente el estado de derecho.
“Estas expulsiones reflejan una falta de respeto hacia nuestras instituciones democráticas y los derechos básicos de las personas,” expresó María González, abogada especializada en inmigración y activista de derechos humanos. “La aplicación de esta normativa, obsoleta y poco clara, establece un precedente muy alarmante de cara al futuro.”
Respuestas políticas y sociales
Reacciones políticas y sociales
Diversos integrantes del Congreso han manifestado su inquietud respecto al empleo de la Ley de Enemigos Extranjeros, considerándolo un intento de aumentar los poderes presidenciales más allá de los márgenes legales. Algunos legisladores han exigido investigaciones inmediatas para esclarecer cómo y por qué se realizaron las expulsiones a pesar de la restricción judicial.
“Esto no solo impacta a las personas expulsadas y a sus familias, sino que también socava la confianza en nuestras instituciones legales y en el sistema judicial,” afirmó el senador demócrata Alex Padilla.
En el ámbito internacional, gobiernos y organismos han criticado estas medidas, exhortando a Estados Unidos a acatar los derechos humanos y las resoluciones judiciales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos divulgó un comunicado manifestando su preocupación por las repercusiones de este caso y solicitando una revisión inmediata de las expulsiones.
La repercusión en los individuos expulsados
El impacto en las personas deportadas
«Me apartaron de mis hijos de manera repentina. No me permitieron defenderme,» contó José Martínez, uno de los expulsados. «Ahora estoy en un sitio donde no tengo nada ni a nadie.»
“Me separaron de mis hijos sin previo aviso. No me dieron oportunidad de defenderme,” relató José Martínez, uno de los deportados. “Ahora estoy en un lugar donde no tengo nada ni a nadie.”
Una contienda legal en desarrollo
La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros y la decisión gubernamental de desestimar la orden judicial han generado una oleada de demandas y apelaciones. Colectivos legales han presentado el caso ante cortes superiores, no solo en busca de justicia para los expulsados, sino también de garantías de que esta ley no se usará de manera indiscriminada en el porvenir.
«La administración Trump ha transgredido una línea peligrosa al pasar por alto las decisiones judiciales,» afirmó el profesor de derecho constitucional Samuel Harris. «Es crucial que el sistema legal actúe con determinación para mantener el equilibrio de poderes.»
“La administración Trump ha cruzado una línea peligrosa al ignorar las decisiones judiciales,” sostuvo el profesor de derecho constitucional Samuel Harris. “Es fundamental que el sistema legal responda con firmeza para preservar el equilibrio de poderes.”
A medida que el caso avanza en los tribunales, queda por ver si estas acciones tendrán repercusiones legales para los responsables o si las deportaciones serán revertidas. Por ahora, el episodio ha dejado una profunda huella en el debate sobre inmigración y poder ejecutivo en Estados Unidos, subrayando las tensiones entre la seguridad nacional, los derechos humanos y el estado de derecho.